«Piensa mal y acertarás«
Titulo este análisis, o lectura maléfica, de las consecuencias a futuro que pudiera tener la crisis derivada de la pandemia causada por el coronavirus que está azotando al planeta en su conjunto y a España muy en particular, con este refrán sacado del saber popular español porque es precisamente eso lo que voy a hacer en esta entrega, pensar mal. Desconozco si acertaré o no, espero equivocarme, pero de cumplirse todo lo que sigue, estaríamos ante una jugada maestra de política social sin precedentes en la historia, gestada y dirigida por los gobiernos nacionales y por las organizaciones supranacionales, con el único fin de cribar una parte de un determinado espectro de población, el improductivo o pasivo, a los efectos de reducir los costes y gastos asociados a ese creciente grupo poblacional.
Al día de la fecha, son más de 1.700 los fallecidos y la cifra de contagiados asciende a más de 28.000 en España a causa de esta enfermedad. Las consecuencias en la economía están por verse pero ya se están notando en muchos hogares, donde sus miembros ya son víctimas de expedientes de regulación (temporal) de empleo masivos. La inmensa mayoría, salvo las excepciones contempladas en el Decreto de establecimiento del estado de alarma, no pueden acudir a sus puestos de trabajo, los hoteles van a cerrar sus puertas en los próximos días, las aerolíneas no pueden operar sus vuelos, y el impacto en el turismo, la principal «industria» del pib español, va a tener unas dimensiones catastróficas, arrastrando con ello a toda la economía española.
De esos más de mil fallecidos, la inmensa mayoría son personas mayores de 65 años, con patologías previas asociadas, o no, así como personas más jóvenes que pudieran estar enfermas previamente.
Impacto en las pensiones públicas
Digamos que, por pura estadística, los ahora fallecidos y los que vendrán entrarían dentro del espectro de población acreedora o beneficiaria de una pensión de las contempladas en el sistema público de pensiones. Unos serán pensionistas por jubilación, otros los serán por diversas incapacidades, y otros muchos serán pensionistas por viudedad. Los habrá también beneficiarios de alguna de las prestaciones no contributivas que se contemplan en la legislación vigente y que su reconocimiento y abono está cedido a las Comunidades Autónomas.
De igual manera, se encuentra el nada desdeñable coste para la seguridad social que suponen las prestaciones sanitarias y farmacéuticas a que tiene derecho este colectivo. Prestaciones por enfermedades sobrevenidas o crónicas que incrementan los presupuestos sanitarios año tras año. Ya es de sobra conocido, y sufrido, el habitual y recurrente recorte en el número de medicamentos subvencionados por el sistema nacional de salud. Recortes que siempre se nos han vendido como un modo de limitar los ingentes gastos farmacéuticos que tienen que soportar las administraciones públicas españolas. Hoy, pudiera ser de nuevo el momento preciso para minorar más si cabe ese catálogo de medicamentos.
A toda esta situación, se unió no hace mucho tiempo el Fondo Monetario Internacional en una nota de prensa sobre la estabilidad financiera mundial de abril de 2012, nota de prensa del capítulo 4 «El impacto financiero del riesgo de longevidad» en el cual se ponía de relieve «las implicaciones financieras potencialmente muy grandes del riesgo de longevidad; es decir, el riesgo de que la gente viva más de lo esperado«, haciendo hincapié en que «A medida que las poblaciones envejezcan en las próximas décadas, consumirán un porcentaje creciente de recursos, ejerciendo presión sobre los balances públicos y privados«, «La longevidad inesperada más allá de estas proyecciones de base constituye un riesgo financiero para los gobiernos y las entidades que ofrecen prestaciones jubilatorias definidas, que tendrán que pagar más de lo esperado en pensiones y prestaciones de la seguridad social«, «Para hacer frente al riesgo de longevidad, es necesario actuar en varios frentes«, o «Reconocer y mitigar mejor el riesgo de longevidad es un proceso que debe ponerse en marcha ahora«, son las perlas que contenía esa nota de prensa que, ocho años después y siendo España el segundo país del mundo en longevidad y uno de los primeros en cuanto a prestaciones sociales derivadas de la edad de jubilación, hacen que ciertamente se pueda «pensar mal» sobre si los efectos colaterales de esta pandemia global puedan ser un «beneficio» para las arcas públicas españolas en general y el sistema de pensiones en particular.
Acompaño este párrafo con una serie de capturas de pantalla de esa nota de prensa no vaya a ser que, por casualidad, desaparezca o se diluya en el mar de la desinformación
Impuesto de Sucesiones y Donaciones
Por otro lado, nos encontramos con la polémica creada alrededor de lo que se conoce como el «impuesto de sucesiones«, también cedido a las Comunidades Autónomas, que grava el hecho del fallecimiento de una persona y el posterior trámite de la sucesión «post mortem«. Esta cesión competencial a las autonomías estaba creando una serie de agravios comparativos, y el aumento de la picaresca asociada, entre las regiones o Comunidades Autónomas, haciendo que, dependiendo de donde encuentres tu destino final, el coste para los herederos fuese muy diferente, haciendo en casos extremos que los herederos tuvieran que renunciar a la herencia por no poder hacer frente a los gastos tributarios asociados a la sucesión.
La polémica llegó a tal punto que se acusó a determinadas Comunidades Autónomas, dentro del espectro de la derecha política, de hacer «dumping» fiscal y generar una burbuja «mortuoria» gravosa para las arcas del Estado. En tal escenario, el actual gobierno social-comunista manifestó su intención de regular la materia para imponer la «armonización» de todas y cada una de las legislaciones autonómicas, con el fin de igualar (al alza, que es de lo que se trata) a todos los españoles. Tal intromisión en la «soberanía» fiscal autonómica se haría desde la cobardía de la no recuperación de las competencias en tales impuestos y si de la creación de una «ley-Marco» constrictora de esa autonomía fiscal, dirigida principalmente contra la Comunidad Autónoma de Madrid.
Y llama poderosamente la atención que allá por el 4 de marzo, una semana antes de la declaración del estado de alarma en España, la actual ministra de Hacienda anunciase que en el borrador de la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas se iba a incluir una «armonización» del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que supondría la desaparición de las «deducciones y bonificaciones» de las Comunidades Autónomas según el grado de consanguinidad y en las sucesiones de la empresa familiar. Además, se modificaría la base imponible de las operaciones inmobiliarias en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD). En el proyecto se estipula que la base imposible ya no se obtendría , como hasta ahora, del valor real reflejado en la escritura notarial, sino el valor de mercado del inmueble, entendido como el precio de venta más aproximado, según las operaciones de compraventa escrituradas y registradas por notarios y registradores, respectivamente.
Sospechosamente premonitorio.
Es cuestión de dinero
Y es que, no nos engañemos, tanto en una como en la otra de las cuestiones que planteó se desprende un suculento beneficio para el erario público: una reducción de los gastos en pensiones públicas y un aumento de los ingresos por los impuestos ligados a la sucesión.
Otra de las cuestiones nada desdeñables es que, desde las administraciones públicas se nos anima al «pago con tarjeta» y a evitar el dinero en metálico, por aquello de evitar el posible contagio derivado del intercambio de monedas y billetes de una mano a otra, y eso que desde otras instancias públicas se nos dice que no es necesario «lavar» o desinfectar el dinero en metálico. Ese consejo preventivo pudiera llevar escondido, o enmascarado, un nuevo ejemplo de ese afán recaudatorio. Y es que todas y cada una de las transacciones electrónicas son difícilmente, o imposiblemente, eludibles al control del fisco. Cosa que no ocurre con el dinero contante y sonante. Y es que, en estos tiempos de crisis pudiera ser muy habitual el recurso a ese dinero que se ha tenido escondido en un calcetín, debajo del colchón o dentro del tambor de detergente, evitando así el blanqueo, que no lavado, de ese dinero de un presunto origen oscuro. Porque, si no se controla el dinero en metálico, no todo el dinero circulante pudiera pagar impuestos, que es de lo que se trata.
Y no me extrañaría lo más mínimo que, a resultas de tales consecuencias económicas, y amparándose en el interés público y nuestra seguridad, en un futuro muy cercano se produzcan nuevos recortes en las pensiones, en las futuras y en las presentes. Porque los recortes de derechos siempre vienen envueltos en ese disfraz, de ese etéreo bien común.
Aun así, y aunque el fin de este artículo sea mal pensar y no malmeter, hay que tener esperanza en que esta situación sea pasajera y quede como una lección para todos. Una lección que sirva para unirnos más como nación, para fijar la atención en lo verdaderamente importante y para darnos cuenta de que aquellos que hoy son las principales víctimas de esta pandemia son los mismos que lucharon, derramando hasta su sangre, para que hoy podamos vivir como lo hacemos, para que dispongamos de una sanidad envidiable y un sistema de protección social fuerte y solidario con el más débil.
Vaya por todos ellos mi homenaje.
“Non Bis In Ídem” 