Y una vez expuesto el Sistema de pensiones público español, vamos a terminar esta serie de entradas con la valoración de la situación actual en que se encuentra, las previsiones para el futuro y las alternativas o soluciones que se pueden llegar a tomar para intentar hacerlo viable.
Como ya adelantamos, el sistema español es un sistema de reparto donde los trabajadores en activo, con sus cotizaciones mensuales, van pagando las pensiones de las personas jubiladas, viudas, huérfanos y familiares con derecho a ello. Sin embargo, y no hace falta ser economista o un catedrático en derecho público o de la seguridad social, el sistema tal y como está concebido en la actualidad va a dejar de ser viable en muy pocos años por diversos motivos: la esperanza de vida de los españoles, el déficit estructural que arrastra la Seguridad Social y la llegada a la edad de jubilación de todos los nacidos entre finales de los años 50 y los inicios de los años 70, también conocidos como «baby boomers».
España es el Segundo país en el mundo en esperanza de vida después de Japón. Los españoles alcanzamos la edad de los 80 años con cierta «facilidad» y tenemos la esperanza de vida en los 85 u 87 años. Muchos factores pueden influir en ello, entre los que se encuentran un buen sistema sanitario público, una climatologia muy benévola, la dieta mediterránea y nuestro carácter o modo de ver la vida. Esta buena noticia se torna en muy negativa, hasta incluso nefasta, a la hora de hacer frente al pago de las pensiones, puesto que cada vez son más las personas que tienen reconocido un derecho a cobrar una pensión. Y no tiene que extrañar que haya mencionado la palabra «derecho a» puesto que las pensiones se conciben como derechos adquiridos que son reconocidos como tales por una Administración pública. Es por ello que, unido a la prohibición constitucional de la retroactividad de la norma, las pensiones actuales no pueden ser tocadas porque sería aplicar retroactivamente una norma perjudicial para el pensionista.
Se han hecho intentos de aumentar la edad de jubilación (en la actualidad estamos en un periodo transitorio de aumento de dicha edad a los 67 años) con el fin de ir adecuando la vida laboral a la esperanza de vida. Y es que las pensiones, en origen, no se concibieron como unas pagas con visos de ser pagadas durante 25 ó 30 años sino que la edad de jubilación a los 65 años se estableció cuando la esperanza de vida la superaba en pocos años. De igual manera, las personas en la actualidad cuando llegan a los 65 años de edad se encuentran en una plenitud física y de Salud que bien pudieran seguir en fase activa durante unos cuantos años más. Por tanto, y en base a esos parámetros, el Gobierno socialista de Jose Luis Rodríguez Zapatero puso en práctica una serie de medidas para aumentar la edad de jubilación de una manera progresiva hasta los 67 años. Medidas que en la actualidad, y tras la crisis económica que hemos sufrido y que obligó a que el Gobierno de Mariano Rajoy tuviese que «echar mano» del fondo de reserva de las pensiones, también conocido como «la hucha de las pensiones«, hasta casi «esquilmarlo» con el fin de poder afrontar el pago de las nóminas de los pensionistas que no se cubrían con las cotizaciones de los trabajadores en los años en que se contaba que más del 20% de los españoles en edad de trabajar estaba sin empleo, se han demostrado insuficientes y hasta cierto punto de vista inútiles para hacer viable el sistema español de pensiones.
Son innumerables las voces que advierten de la insostenibilidad del sistema a corto, medio o largo plazo. Incluso el Fondo Monetario Internacional avisa de ello al hilo de la última subida, con muchos visos de populismo, de las pensiones que ha puesto en marcha el gobierno del socialista Pedro Sanchez afirmando que «España también tiene problemas propios. En particular, la subida de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno ese año amenaza la sostenibilidad del sistema público de jubilación, según el Fondo, que reclama «medias que compensen» el efecto de esa decisión«, según aparece en una noticia del diario «El Mundo» (https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/04/10/5cadc6a4fc6c83d32b8b45f2.html).
Entonces, ¿que se puede hacer?¿cuáles son las alternativas reales para los españoles?¿los trabajadores en activo en la actualidad van a poder cobrar una pensión cuando lleguen a la edad de jubilación?
En las próximas líneas vamos a intentar contestar a esas preguntas dando una opinión personal, que nada tiene que ver con la opción oficial o que esté basada en previsiones que se estén valorando por gobiernos o partidos políticos.
¿Cual es la situación actual?
Realmente la situación es sumamente grave y digna de preocupación. Situación que debiera ser tomada muy en serio por los dirigentes de todos los partidos políticos, que tendrían que dejarse de ideologías y de lanzar consignas o proclamas electorales, o electoralistas, que lo único que hacen es incrementar la incertidumbre y preocupación de quienes cobran una pensión publica, para pasar a convertirse en estadistas y empezar a pensar en el bien común de todos los ciudadanos.
Se han creado Organismos, o pseudo organismos, como el llamado «Pacto de Toledo«, con el muy loable fin de crear un foro donde aportar ideas, tomar decisiones y emprender acciones con el único objetivo de mejorar la situación de las pensiones publicas en España. Lejos de llegar a tales objetivos, se ha convertido en una más de las iniciativas que utilizan los partidos políticos para tirarse los trastos a la cabeza y lanzar culpas o proclamas con el único fin de arañar o rascar algún que otro voto de los muy descontentos pensionistas.
Ahora bien, y estando como estamos en vísperas de unas elecciones generales, que se presentan como las más inciertas de la historia reciente en España, se me antoja harto imposible que no vuelvan a ser moneda de cambio o que dejen de estar en el objetivo de los programas electorales de los partidos porque, no nos engañemos, se trata de un colectivo de casi 10 millones de personas con derecho a voto y que tienen una fuerza inconmensurable para dar y quitar gobiernos.
¿Que se puede hacer?
Visto lo visto, cualquier iniciativa que se decida emprender o cualquier decisión que se ponga en práctica va a chocar frontalmente con ánimos o intereses de los pensionistas. Y es que, no deja de ser sintomático, con carácter previo a la convocatoria de elecciones generales se han venido sucediendo manifestaciones y movilizaciones de estos colectivos, que, sin embargo, parecen haber desaparecido en el periodo en que nos encontramos. Quizás haya sido debido al aumento del que ya hemos hablado o quizás sea un compás de espera hasta que se decida que gobierno vamos a tener, o a sufrir, en los próximos años.
Y es que esas voces pretenden, con razón o sin ella, subidas de las pensiones o prestaciones que, de ser tenidas en cuenta y puestas en práctica, pueden suponer el empujón definitivo hacia el abismo o el fin de las pensiones públicas tal y como las tenemos en la actualidad.
A continuación, vamos a exponer algunas de las iniciativas que se plantean, o se han llegado a plantear, como soluciones para el sistema.
I.- Reducir costes
Con un epígrafe así, más de uno se me tiraría a la yugular y pondría el grito en el cielo contra mi por llegar a insinuarlo («no des ideas...» me han espetado en más de una ocasión). Pero es que no estoy hablando de reducir las prestaciones actuales, que ya he adelantado que se trata de derechos adquiridos, ni siquiera de las futuras ¿o si? Pero sólo de algunas.
Y es que hay determinados colectivos, precisamente aquellos que toman las decisiones, hacen las leyes y nos gobiernan, que habiendo dedicado un corto espacio de sus vidas a esa actividad, cuando terminan o dejan de «trabajar» en ello, se retiran con unas pensiones extremadamente altas, con posibilidad de seguir cobrándolas y a la vez trabajar en el sector privado, a las que hay que sumar una serie de prestaciones durante los años inmediatamente posteriores a dejar de ser «servidores públicos«.
Por si no lo han adivinado, estoy hablando de sus señorías los políticos. Senadores, diputados, parlamentarios o presidentes autonómicos, expresidentes del gobierno o exministros. Personas que tras dejar los cargos por los que fueron elegidos son acreedores de unas elevadisimas pensiones con cargo a los presupuestos generales del Estado, a los que hay que sumar el derecho a tener despacho, secretario/a, coche oficial y demás séquito.
Se trata de prestaciones que pueden tener sentido inmediatamente después de cesar en sus cargos públicos pero que pierden tal sentido con el paso del tiempo. Es muy evidente que tales prestaciones suponen un coste muy elevado para las arcas públicas que bien pudiera ser tenido en cuenta a la hora de sanear el Sistema.
II.- Financiación vía impuestos
Tal y como está concebido el Sistema español de pensiones, son las cotizaciones de los trabajadores actuales quienes financian todas las pensiones públicas. Pensiones de jubilación en su mayoría pero también pensiones de viudedad, orfandad o pensiones en favor de familiares, todas salen de la misma «caja única» de la Seguridad Social. Una carga que se me antoja demasiado elevada en la actualidad e insostenible para un futuro no muy lejano.
La solución, o alternativa, que se propone pasaría por dejar de financiar determinadas pensiones, que tienen un sentido más social o asistencial y que no tienen que ver con el trabajo propiamente dicho, con cargo a las cotizaciones sociales para pasar a financiarlas con cargo a impuestos, como se hace en la actualidad con las pensiones no contributivas y otro tipo de prestaciones de las que tienen competencias las Comunidades Autónomas. Estoy hablando de las pensiones en favor de familiares, padres principalmente, pensiones de orfandad y pensiones de viudedad.
Estas prestaciones pierden la esencia de tener su base en el trabajo, a pesar de tener su hecho causante en la muerte o fallecimiento de un trabajador, para convertirse en una prestación de tipo o carácter social, más concebida como una ayuda o compensación por dicho luctuoso hecho y asistir a la persona que hasta el fallecimiento venía dependiendo económicamente del difunto.
Todo los anterior, unido a una limitación temporal de las pensiones de viudedad en determinados casos, o en un mayor control del cumplimiento de los requisitos para poder mantener la pensión de viudedad (básicamente el contraer matrimonio o el establecimiento de una pareja de hecho por el pensionista viudo), además de establecer la incompatibilidad del cobro de una pensión de viudedad y el trabajo activo o impedir simultanear pensiones de viudedad y jubilación, harían que se produjese un recorte drástico en las cantidades a pagar y evitar duplicidades en el pago de prestaciones.
Y es que se están produciendo situaciones muy injustas en que personas que enviudan, principalmente mujeres que ha dedicado su vida al cuidado de la familia y al trabajo en el domicilio familiar, pasan a cobrar la pensión mínima de viudedad, que en la actualidad está rondando los 650€ mensuales, y existen otras personas que enviudan, y quizás cobran esa misma cantidad, pero que la pueden compaginar con el trabajo fuera del hogar o con el cobro de la pensión de jubilación a la que hayan tenido derecho. En estos últimos casos habría que establecer ciertos límites a la hora de simultanear dichos cobros o directamente establecer la incompatibilidad de cobrar dos pensiones, una de jubilación y una de viudedad.
III.- Cambio de Sistema
En la primera de las entradas de esta serie ya hicimos una exposición de los diferentes sistemas de pensiones que existen en el mundo. Entre esos sistemas se está imponiendo lo que se conoce como «Sistema mixto«, que no deja de ser un sistema en el que conviven y colaborar sistemas públicos de pensiones con sistemas privados.
Ya hace muchos años, en España se incentivaba desde el propio Gobierno de la nación a que los españoles contratásemos sistemas privados de pensiones con el fin de complementar las pensiones a que pudiéramos llegar a tener Derecho, una vez alcanzásemos la edad de jubilación. Esta alternativa no deja de ser un modo de ahorrar en un fondo de pensiones privado para poder cobrar una cantidad x aparte de la pensión pública. No es a este sistema al que nos estamos refiriendo.
En algunos países, principalmente países del continente americano, existe un sistema mixto de cotizaciones obligadas a fondos de pensiones públicos y privados. De este modo, el Estado dará una prestación mínima o de carácter asistencial que vendrá complementada con las aportaciones a esos planes de pensiones privados.
La alternativa que se pudiera llegar a proponer pasaría por establecer que el Estado, al llegar a la edad de jubilación, estaría obligado a conceder una prestación o subsidio por una cantidad mínima o básica, igual para todos los ciudadanos, y dependiendo del ahorro o de las aportaciones a los planes privados de pensiones, esa pensión mínima vendría complementada o aumentada por los réditos o rendimientos del plan privado.
IV.- Aumento de la edad de jubilación.
Quizás sea la menos atractiva de las opciones pero, sin embargo, puede ser la que tenga más visos de prosperar. Y es que las personas que alcanzan la edad de 65-67 años suelen estar en unas condiciones muy buenas para poder seguir trabajando y aportando a la sociedad su experiencia y conocimientos. Es una verdadera pérdida de oportunidades que una persona se vea en la obligación de dejar de trabajar a pesar de encontrarse bien de Salud y de querer continuar su vida activa.
No son pocas las voces que abogan por aumentar la edad a 70 años o incluso más allá. Sin embargo, considero que no se puede medir a todos por el mismo rasero ni incluir a todas las profesiones en el mismo saco puesto que las condiciones laborales que haya tenido el trabajador van a ser determinantes a la hora de poder alargar la vida laboral o no.
Por otro lado, serían necesarias políticas de incentivar la contratación de personas mayores de ciertas edades ya que se trata de colectivos de personas que, una vez caen en situación de desempleo, son de muy difícil o imposible colocación. Hablamos de las personas mayores de 55 años o incluso menos. Y es que, históricamente, se han venido sucediendo franjas de edad en las que las posibilidades de encontrar un empleo se convierte en una verdadera odisea. Surgirán voces en contrario que argumentarán que este tipo de políticas van a cerrar el paso a las nuevas generaciones. De lo que se trata es de aprovechar el potencial de conocimientos y experiencia que pueden aportar las personas mayores para el conjunto de la sociedad, pero sobre todo para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral y que, precisamente, carecen de la necesaria experiencia. Habría que implementar una serie de «patronazgo» o lugar de encuentro donde estas generaciones coexistan o actúen en «simbiosis«.
V.- Inmigración
Las soluciones no pasan por la llegada masiva de inmigrantes. La inmigración es necesaria en toda sociedad moderna. Pero debe ser una inmigración regulada y controlada en origen.
No puede ser que existan bolsas de personas en situación de irregularidad, porque esas personas están trabajando pero no cotizan a la seguridad social y sin embargo generan gastos sanitarios y asistenciales. Junto a estas personas conviven sus hijos, también en situación de irregularidad, que generan gastos al sistema educativo.
Por tanto, basar el sostenimiento del sistema español de pensiones al número de personas inmigrantes que puedan estar trabajando en España es jugar a la ruleta rusa o poner en la cuerda floja a millones de personas que dependen del,cobro de sus pensiones para sobrevivir.
Conclusión
El Sistema español de Pensiones necesita reformas de profundidad, al igual que el mercado laboral. Reformas que deben ser tomadas desde el consenso y que pasan por una reestructuración de todo el sistema, siendo conscientes que todo lo anterior no se puede reformar. Cada día que pase es un día perdido y un aumento en el número de personas con derecho a cobrar una pensión.
Espero y deseo que el próximo Gobierno, sea del color que sea, y el conjunto de parlamentarios del Congreso y del Senado, se tomen en serio la cuestión y se dejen de mirar el ombligo de sus siglas y empiecen a entender que son servidores públicos, que deben trabajar para mejorar la vida de todos los españoles y que de sus decisiones depende el futuro de millones de personas, pensionistas incluidos.
“Non Bis In Ídem” 