Se trata de una medida necesaria por lo injusto del cobro de los medicamentos a los pensionistas, independientemente de la renta que cobren.
El Real Decreto que se pretende derogar tenia como fin desincentivar ciertas costumbres de nuestros mayores de acumular medicamentos en casa y que, al ser gratis, suponía un coste inasumible por la Seguridad Social, que era quien financiaba el coste real del medicamento.
De igual manera, era «vox populi» que muchos familiares de pensionistas se beneficiaban de la gratuidad de los medicamentos.
Populista o no, la medida que se pretende va a venir muy bien a muchos mayores que tienen que tomar muchos medicamentos y que tienen pensiones bajas o muy bajas.
Lo que no es de recibo es que en España hay un colectivo de personas mayores, también con enfermedades que demandan tratamientos de alto coste, que durante toda su vida laboral, y una vez jubilados también, tienen que pagar el 30% de todas y cada una de las medicinas que les son prescritas. Me estoy refiriendo al colectivo de funcionarios del Estado que son miembros de las Mutualidades de funcionarios. Estos trabajadores públicos, al llegar su jubilación, tienen que continuar pagando el 30% de sus medicamentos.
Algunos dirán que las pensiones de los funcionarios son elevadas, y puede que si pero también que no. Gran parte de los beneficiarios de esas pensiones son viudas de militares que cobran un 50% del haber pasivo de sus difuntos maridos (otra diferencia con las viudas del régimen de la Seguridad Social que cobran el 56% del haber pasivo de sus difuntos esposos). Muchas de ellas cobran la pensión mínima de 635€, y con ese “ingente” capital tienen que hacer frente a sus gastos personales cotidianos y, además, al 30% de los medicamentos.
Si el Artículo 14 de nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, yo le sugiero al Señor Presidente del Gobierno que lo tenga en cuenta cuando se redacte ese Real Decreto y tenga presente a ese colectivo de personas, viudas en su mayoría, que cada vez que van a la farmacia se sienten un 30% menos iguales que el resto de españoles.